Ruido en el país tras reforma al código penal de Veracruz por ultrajes a la autoridad
Staff | Diario La Voz De Tantoyuca
Veracruz, Veracruz | 18 de Marzo del 2021
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Luego de que el pasado 11 de marzo se aprobó una reforma al Código Penal, el gobierno de Veracruz ha formado parte de la discusión de varios medios locales, nacionales y hasta fuera del país.
La semana pasada, el Pleno de la 65 Legislatura avaló con 34 votos a favor, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Seguridad Pública, que a su vez lo recibió como iniciativa del gobernador Cuitláhuac García.
El documento busca reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, y contra la seguridad de la comunidad.
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Con esto se decidió incrementar las conductas de ultraje a la autoridad y las sanciones, con el objeto, dijeron, de que sean acordes con el hecho criminal que representa, ya que argumentan «trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana».
La comisión del delito ha sido el foco en la entidad en los últimos días, luego de la detención de dos personas que fueron acusados por «ultrajes a la autoridad» por la Fiscalía estatal, y encarcelados bajo la nueva normatividad.
El artículo 371 Quinquies, relativo a delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública narra lo siguiente:
«Se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte».
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos comentó que cuenta con las facultades para analizar y asegurar que se cumplan los derechos tanto de los ciudadanos, como de las autoridades.
